La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) de la nueva administración ingresó al Congreso Nacional diversas urgencias legislativas para la tramitación de 20 proyectos de ley, priorizando iniciativas relativas a a seguridad, migración, sistema penitenciario y crimen organizado.
De acuerdo con el comunicado que emanó de la cartera que lidera el ministro José García Ruminot, tres propuestas quedaron con discusión inmediata. Se trata del proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional; la reforma constitucional para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; y la iniciativa que crea el Subsistema de Inteligencia Económica para la prevención y alerta de actividad vinculadas al crimen organizado.
Los proyectos con suma urgencia y urgencia simple
A lo anterior se suman 13 proyectos con suma urgencia, entre ellos una reforma constitucional sobre ingreso y permanencia de extranjeros en el país y sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la seguridad nacional.
También figuran medidas para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales, crear un tipo penal especial por daños a infraestructura penitenciaria y reforzar la seguridad del Metro de Santiago.
Dentro de ese mismo bloque, la Segpres añadió propuestas para exigir la exhibición de un documento de identidad en el transporte terrestre interregional de pasajeros, endurecer sanciones por evasión en el transporte público y restringir el acceso a inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal.
La nómina de iniciativas con suma urgencia igualmente incorpora materias ajenas al eje estrictamente de seguridad, como el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental; la Ley de Patrimonio Cultural; normas para facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales; cambios a las sociedades anónimas deportivas profesionales y la regulación de la comercialización de productos farmacéuticos para sancionar su venta ilegal.
Finalmente, con urgencia simple quedaron cuatro iniciativas: la modificación al Código Procesal Penal para ampliar el plazo máximo de flagrancia; cambios al subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común; ajustes a la Ley de Seguridad Nuclear para priorizar autorizaciones sanitarias de materiales radioactivos; y el establecimiento de un derecho de atención preferente para ciertos trámites y prestaciones sociales.
Fuente The Clinic
