A fines de marzo el ministro de Vivienda y Urbanismo, en la respectiva comisión de la Cámara de Diputados, expuso sobre la situación de la cartera, donde se refirió a que casi todo el presupuesto destinado para este año estaba comprometido por deudas de arrastre: el 97%, dijo Poduje.
Por lo mismo, dijo que queda en un pie complejo para iniciar nuevos proyectos, y que iba a tener que haber una reasignación presupuestaria.
De esa forma, tal como luego dio cuenta The Clinic, el ministro exponía que la realización del tercer tramo de la ciclovía de la Nueva Alameda-Providencia no se realizaría con financiamiento de la cartera, pese a que ya contaba con el presupuesto aprobado para su realización por parte de la Subsecretaría de Vivienda y la Dipres del Gobierno pasado (monto de $2.500 millones para el 2026 y$5.700 millones para el 2027“.
Así, la extensión de la ciclovía, que pasaría por el bandejón central de la Alameda, cruzando Lo Prado y Estación Central en un recorrido de 8 km de extensión y 48 cruces peatonales, quedará en suspenso.
Pese a las críticas, es una postura que después Poduje defendió, entrando en peleas tanto con los alcaldes afectados como con el Gobernador de la RM, Claudio Orrego. “Quizás si recupera la plata que se le perdió de ProCultura podría ponerla también en la ciclovía”, le dijo el ministro.
Movimientos ciclistas: “Lo mínimo exigible es claridad”
Sin embargo, la decisión también generó un amplio rechazo también de organizaciones ciclistas y de parlamentarios.
El diputado Jaime Bassa (FA) de hecho, ayer ofició al Ministerio de Vivienda pidiendo explicaciones por la decisión, planteando que “los convenios de programación de inversión pública celebrados entre gobiernos regionales y ministerios tienen carácter obligatorio en su cumplimiento, lo que plantea interrogantes respecto de la legalidad y procedencia de las decisiones anunciadas por la autoridad sectorial”.
En paralelo, organizaciones ciclistas manifestaron su apoyo al oficio del diputado, y emitieron un comunicado planteando que “no es una promesa política: es un acuerdo formal del Estado”.
“Como organizaciones sociales y movimientos ciudadanos, no nos limitamos a salir a la calle y la campaña de firmas (que son expresiones legítimas): exigimos información pública, transparencia en el uso del presupuesto y respeto irrestricto al marco legal vigente”, agregaron.
En esa línea, agregan que “los ciclistas urbanos somos contribuyentes, electores y usuarios directos del espacio público. No recibimos subsidios privados ni operamos con recursos públicos: exigimos que se cumplan los compromisos que el propio Estado contrajo. La anulación unilateral de un convenio constitucionalmente obligatorio no es gestión presupuestaria responsable: es, en principio, una conducta ilegal”.
Y concluyen que “la legalidad no es tecnicismo, es garantía. Si el Estado puede romper un convenio constitucional para suprimir una ciclovía hoy, puede romper cualquier compromiso mañana”.
Esta misma postura los ciclistas la manifestaron anoche en una cicletada que organizaron movimientos como Furiosos Ciclistas, OSEV, Pedalea, Educleta, Bicicultura, entre otras, donde leyeron en voz alta el comunicado que elaboraron y que respalda las explicaciones solicitadas al Minvu por detener la construcción de la ciclovía.
“Aquí no estamos frente a una idea en evaluación, sino ante un acuerdo formal y jurídicamente obligatorio. Desconocerlo sienta un precedente grave. No se trata solo de una ciclovía: está en juego la credibilidad del Estado”, dijo Carolina Oyarzún, directora del Movimiento Furiosos Ciclistas.
Y agregó, en respaldo del oficio enviado al Minvu, que “lo mínimo exigible es claridad: qué se elimina, por qué y con qué consecuencias. La ciudadanía no puede aceptar decisiones sin rendición de cuentas. La conectividad no es un lujo: es seguridad vial, acceso y dignidad. Las ciudades se construyen cumpliendo compromisos, no relativizándolos”.
Fuente The Clinic
