Por primera vez en la historia del país, un órgano estatal chileno reconoce de forma institucional que las personas afectadas por Colonia Dignidad —actual Villa Baviera— son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe de 206 páginas que califica los hechos ocurridos en el enclave alemán como una de las más extensas y complejas tramas de abusos sistemáticos conocidas en Chile.
“El Estado no intervino de manera inmediata ni eficaz”, sentencia el informe en una de sus conclusiones más duras.
Estado reconoce violaciones a DDHH en Colonia Dignidad
Se añade que desde su fundación, y hasta bien entrada la democracia, Colonia Dignidad fue escenario de casi todas las formas de atropello consagradas en el catálogo internacional de derechos humanos: trabajo forzado, tortura, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y colusión con organismos represores de la dictadura.
El texto, aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH, no sólo describe la magnitud del daño, sino que emplaza al Estado a avanzar en medidas concretas: la creación de una comisión oficial que investigue las vulneraciones desde el origen de la colonia, y el diseño de una política pública de memoria, reparación y justicia.
Una deuda de décadas
La directora del INDH, Consuelo Contreras, quien presentó el informe en su última actividad oficial antes de dejar el cargo, fue categórica: “Pocas veces se ha observado en la historia del país un caso en el que se planteen tantas y tan diversas denuncias, en un período tan extenso y que involucra la vulneración de la casi totalidad del catálogo de derechos humanos”.
Desde su fundación en los años 60 por el pedófilo alemán Paul Schäfer, hasta su fuga en 1997, el enclave funcionó como una comunidad cerrada donde se cometieron crímenes atroces, incluidos abusos sexuales sistemáticos contra niños y niñas.
Pero a partir del golpe de Estado de 1973, el lugar se transformó, además, en centro de detención y tortura clandestino en coordinación con la DINA.
El documento presentado por Contreras sostiene que las estructuras jerárquicas de la Colonia —incluido su liderazgo y colaboradores— participaron activamente en secuestros, asesinatos y desapariciones de opositores, en complicidad con agentes del Estado.
Pese a ello, y a la multiplicidad de informes, querellas y sentencias tanto nacionales como extranjeras, el informe indica que “no se ha realizado un reconocimiento oficial de la calidad de víctimas de violaciones de DD.HH. de los grupos de personas afectadas”, salvo en los casos enmarcados directamente en la dictadura.
Una señal desde el Estado
Entre ellas, destaca el apoyo a la decisión del Ejecutivo de expropiar parte de los terrenos de la ex Colonia, tal como lo han solicitado reiteradamente las víctimas.
Este gesto —indica el texto— debe estar acompañado de un enfoque de derechos humanos, con participación efectiva de las personas afectadas, transparencia en el proceso y rendición de cuentas sobre las actuaciones de las autoridades.
Asimismo, el INDH recomienda incorporar en la legislación un marco normativo para proteger los sitios de memoria y garantizar su sostenibilidad, algo que hasta ahora ha estado ausente en la política estatal.
Misión postergada, deuda vigente
La elaboración del informe se remonta a 2019, cuando el Consejo del INDH acordó realizar una Misión de Observación al enclave. Sin embargo, la crisis social y la pandemia postergaron el trabajo de campo, que se retomó recién en septiembre de 2024.
La misión incluyó entrevistas, visitas a Villa Baviera y recolección de antecedentes por parte de la Unidad de Estudios y Memoria y la sede del Maule.
Así, en enero de 2025, una comitiva encabezada por la directora Contreras y la consejera Haydee Oberreuter visitó el lugar y sostuvo reuniones con los actuales residentes.
El informe, entonces, recogió testimonios desgarradores, pero también evidenció la falta de una política coherente del Estado para enfrentar la magnitud del daño causado.
Un cierre simbólico
La presentación del documento culminó con un conversatorio moderado por el periodista y director de Radio Bío Bío, Néstor Aburto, en el que participaron la jefa (s) de Estudios y Memoria del INDH, Loreto López; el periodista e investigador, Carlos Basso; y el abogado y exconsejero del INDH, José Aylwin.
Allí, Contreras recordó que su mandato termina el próximo 2 de julio, y que este informe representa no sólo un legado institucional, sino también una señal clara de lo que el país aún debe enfrentar.
“Todavía es posible construir consensos en situaciones de derechos humanos que son importantes para nuestro país”, sostuvo la directora del INDH.
“No se puede hablar de memoria, verdad y reparación si el Estado sigue eludiendo su responsabilidad con las víctimas de Colonia Dignidad. Este informe es el primer paso para saldar esa deuda histórica”, concluyó.
Fuente: Biobio chile
