Más de diez años después de su adjudicación, el complejo médico que contempla ambos centros permanece a la espera, con obras avanzadas, pero sin fecha de apertura. Un caso emblemático de cómo la burocracia y la descoordinación pueden postergar indefinidamente una obra crítica para la salud pública.
En una carta a publicada por El Mercurio, el abogado José Gabriel Alemparte criticó duramente a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, por atribuir las demoras a la concesionaria a cargo de la construcción del hospital. “Nada de esto ocurrió sin voluntad del Estado, como la ministra aseveró en una misiva enviada días antes al mismo medio , ya que los órganos responsables son parte de la administración”, subrayó.
El retraso acumulado se explica por una cadena de trabas: la entrega tardía de terrenos, la exigencia de una declaración de impacto ambiental retroactiva, tres años de paralización por un rescate arqueológico sin hallazgos proporcionales y, más recientemente, problemas de conexión eléctrica que quedaron sin resolver por la falta de firma de un contrato desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
De hecho, la propia Dirección General de Concesiones reconoció en una resolución de abril de 2025 que este retraso no era imputable a la concesionaria, lo que derivó en la suspensión de subsidios estatales desde 2024. “Es el Estado quien impide la apertura”, recalcó Alemparte.
El abogado también cuestionó la contradicción entre el discurso oficial y la realidad de los pacientes. “La ministra señaló que todo esto es música. La música es bella, y esto no lo es: miles de pacientes en listas de espera luchando por su salud, con un hospital que no se inaugura”, afirmó.
La misiva reabre el debate sobre la gestión de infraestructura crítica en Chile, en un contexto en que la demanda hospitalaria sigue en alza y la confianza en el modelo de concesiones enfrenta cuestionamientos tanto políticos como administrativos.
