La exministra de Seguridad Pública María Trinidad Steinert solicitó a la Contraloría General de la República reconsiderar el dictamen que cuestionó el oficio reservado que envió a la Policía de Investigaciones apenas días después de asumir el cargo.
La presentación busca revertir la conclusión del Dictamen N° D344, emitido el 1 de julio, en el que el órgano contralor sostuvo que el Oficio Reservado N° 28, dirigido al director general de la PDI, “no se ajusta estrictamente” a las atribuciones de la autoridad ministerial y no se avenía con su deber de abstención.
En el escrito, Steinert sostuvo que existen errores de derecho y antecedentes nuevos que no habrían sido ponderados por Contraloría. Además, acusó que el pronunciamiento no le fue notificado formalmente, pese a ser —según plantea— la única persona natural a quien se le formula un reproche nominativo.
Steinert pide revertir conclusión de Contraloría
La exsecretaria de Estado solicitó que Contraloría deje sin efecto la conclusión referida a su actuación y declare, en su reemplazo, que el oficio reservado se enmarcó dentro de las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública.
En concreto, pidió que se establezca que el requerimiento a la PDI estaba amparado por los artículos 3° y 6° de la Ley N° 21.730, que regula el Ministerio de Seguridad Pública, y que no existió infracción a su deber de abstención.
De forma subsidiaria, en caso de que Contraloría no acoja esa petición principal, solicitó que el dictamen sea aclarado y complementado para precisar que el reparo se limita únicamente a la nómina detallada de funcionarios vinculada a una causa determinada.
Los seis argumentos de la exministra
La presentación desarrolla seis motivos para pedir la reconsideración del dictamen.
El primero apunta a que Contraloría habría invadido una esfera de mérito o conveniencia administrativa, al evaluar el nivel de detalle del requerimiento realizado a la PDI.
El segundo sostiene que el dictamen habría cometido un error de derecho al interpretar las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública y omitir la aplicación de una norma que, según Steinert, permite solicitar antecedentes o informaciones a otros órganos de la Administración, incluso si tienen carácter secreto o reservado.
El tercer argumento cuestiona la aplicación del deber de abstención. La exministra sostiene que Contraloría no identificó un interés personal, patrimonial o particular que justificara considerar que debía abstenerse.
El cuarto motivo acusa que el dictamen formuló un reproche personal y retrospectivo contra una exautoridad que ya había cesado en el cargo, lo que, a juicio de Steinert, excedería la función dictaminante de Contraloría.
El quinto argumento apunta a la difusión pública del oficio reservado. La presentación sostiene que el procedimiento se habría originado en la divulgación ilícita de un documento reservado y acusa falta de reacción institucional frente a esa filtración.
Finalmente, el sexto motivo denuncia indefensión por la supuesta omisión de notificar el dictamen a Steinert, pese a que el pronunciamiento formula un reproche directo respecto de su actuación.
Fuente CNN Chile
