El Gobierno de José Antonio Kast ingresará el próximo lunes un proyecto de ley corta para modificar la Ley N.º 21.802 sobre Seguridad Municipal.
Tras reunirse con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile, la Asociación de Municipalidades Rurales y otros alcaldes del país, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, destacó que la iniciativa busca corregir oportunamente aquellos aspectos que eventualmente puedan presentar dificultades durante la implementación de la normativa.
En esa línea, explicó que una de las principales modificaciones apunta a flexibilizar las restricciones presupuestarias que enfrentan los municipios para la contratación de personal, con el objetivo de que puedan asumir las nuevas competencias y atribuciones que les entrega la ley.
Actualmente, precisó, el gasto anual en personal de las municipalidades no puede superar el 42% de sus ingresos propios. Por ello, el proyecto propone que ese límite no se aplique a las remuneraciones y asignaciones del personal que desempeñe funciones de seguridad municipal.
Asimismo, la iniciativa establece que la Subsecretaría de Prevención del Delito suscribirá convenios con las instituciones contempladas en el artículo 12 de la Ley N.º 18.290 de Tránsito, con el fin de facilitar que el personal municipal pueda realizar los cursos necesarios para obtener la licencia de conducir clase F, requisito obligatorio para operar vehículos de seguridad municipal, los que han sido catalogados como vehículos de emergencia.
Guerrero también sostuvo que es indispensable que los municipios puedan ejercer adecuadamente las funciones preventivas que les otorga la ley, de manera de fortalecer el trabajo que realiza Carabineros en las comunas.
“Cuando la ley está bien diseñada, inspectores municipales y guardias de seguridad privada asumen la vigilancia, la disuasión y la presencia territorial bajo estándares comunes de idoneidad y capacitación, permitiendo que Carabineros y la PDI concentren sus recursos en el control efectivo del delito. Un ecosistema de seguridad eficiente distribuye responsabilidades”, afirmó.
Por su parte, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, agradeció que el Ejecutivo acogiera las observaciones de los municipios e impulsara esta ley corta.
“Hacemos un llamado al Congreso a que pueda tramitarla de manera rápida y ágil, de modo que el 12 de agosto, cuando entre en vigencia la ley, no tengamos mayores dificultades. Tenemos toda la esperanza y seguimos trabajando desde el rol preventivo”, concluyó.
Fuente: CNN Chile
