Junto con dar cuenta de 1,5 billones de pesos en irregularidades en distintas reparticiones del Estado en su más reciente informe, la Contraloría General de la República (CGR) también entregó el detalle correspondiente a instituciones que dan forma al mencionado y elevado monto en observaciones.
En ese contexto, cuatro reparticiones sobresalen por las exhibir las cifras más altas en cuanto a montos objetados. Estas son los Gobiernos Regionales (Gores), Carabineros, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la Tesorería General de la República (TGR).
Los Gores son, por lejos, los servicios más cuestionados en el reciente informe de la Contraloría. En el caso de estas reparticiones, la CGR objetó más de 303 mil millones de pesos, los que se dividen en distintos tipos de irregularidades.
En el caso del Gobierno Regional de Los Ríos, se objetó un monto de $3.585.052.600, correspondiente a gastos improcedentes, no acreditados o insuficientemente acreditados.
Mientras tanto en el Gore del Biobío la CGR detectó, entre otras cosas, 324 millones de pesos rendidos por la Corporación Cultural Artistas del Acero, sin información que permita verificar la correspondiente ejecución.
En la misma Gobernación Regional del Biobío, la Contraloría objetó 72 rendiciones por más de $1.500 millones que no cuentan con pronunciamiento ni rechazo formal.
En el caso del Gobierno Regional de Antofagasta, se dio cuenta de montos objetados por más de 419 mil millones de pesos, correspondientes a irregularidades como supervisión deficiente de proyectos y retraso en la ejecución de actividades.
Carabineros, la Junaeb y la Tesorería
Carabineros también aparece en el informe de la Contraloría entre las instituciones con montos objetados más elevados. En el caso de la policía uniformada la CGR objetó más de 151 mil millones de pesos.
En este caso, el organismo liderado por Dorothy Pérez informó que “en 754 solicitudes de imágenes realizadas a Carabineros de Chile por organismos interesados, se les comunicó la inexistencia de la evidencia audiovisual, sin justificación. Además, se advirtió que esa entidad no realiza un seguimiento de estos casos para dar cuenta de los motivos que originaron la falta de tales registros”.
Asimismo, en el reporte de la Contraloría se señaló que “en 5 comisarías existía un total de 46 videocámaras instaladas en 25 vehículos, las cuales no se encontraban operativas. Funcionarios que fueron incorporados a 4 comisarías de Control de Orden Público no contaban con el examen psicológico requerido para el ingreso a dichas unidades”.
En cuanto a la Junaeb el monto objetado asciende a más de 270 mil millones de pesos. En este caso, la Contraloría estableció que “35 pagos realizados a los proveedores que entregan el servicio de alimentación, por un monto de $209.221.268.971, correspondientes al período 2022, se encuentran sin la materialización del proceso de ajuste de las raciones de alimentación de acuerdo con las bases establecidas en el proceso licitatorio, evidenciándose con ello una demora de entre 10 a 19 meses, desde que se realizó el pago de los citados componentes fijos y variables”.
Mientras que en el caso de la Tesorería General de la República, la cifra de irregularidades observadas corresponde a 166 mil millones de pesos. En este punto, el informe de la CGR indica que “de los reportes anuales denominados ‘Cuadratura AIX-todas las operaciones’, mediante el cual se da cuenta de los resultados de conciliación semiautomática de transacciones entre el sistema y lo registrado en la Cuenta Única Tributaria, se advirtieron 476 movimientos por un monto total de $165.669.926.248 que fueron registrados como ‘No conciliado’, sin que se observe a esa data que la TGR hubiese efectuado las acciones para validar y resolver los recursos no ingresados a las respectivas cuentas corrientes”.
Fuente: The Clinic
