Actores del sector privado participaron por primera vez en la discusión legislativa sobre la nueva Ley de Patrimonio Cultural, donde plantearon reparos al actual funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y propusieron modificaciones para armonizar la protección del patrimonio con el avance de proyectos de inversión.
Representantes del sector privado dieron a conocer sus observaciones en la más reciente sesión de la Comisión de Cultura del Senado, en el marco del debate legislativo sobre el proyecto que busca modernizar la Ley de Patrimonio Cultural. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y el Consejo Minero expresaron críticas al actual funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), al que atribuyen trabas significativas en la tramitación de proyectos de inversión.
Durante la sesión -que marcó la primera instancia de participación formal de organizaciones de la sociedad civil en esta discusión legislativa- los gremios señalaron que los criterios aplicados para la identificación de hallazgos patrimoniales son excesivos y afectan directamente el desarrollo de obras e iniciativas económicas.
Uno de los puntos centrales del proyecto que fuera ingresado en 2019 y actualmente se sitúa en segundo trámite constitucional es la transformación del CMN en el nuevo Consejo de los Patrimonios Culturales. Esta reforma ha sido incorporada en la agenda de tramitación acelerada (“fast track económico”), impulsada por el Ejecutivo en conjunto con el Congreso en 2024.
Críticas a la institucionalidad actual
Las presentaciones de los gremios pusieron énfasis en la necesidad de actualizar los procedimientos de protección patrimonial. El exsecretario ejecutivo del CMN, Óscar Acuña, mostró ejemplos visuales de objetos que fueron catalogados como patrimoniales, incluyendo una botella antigua y un par de botas, lo que a su juicio evidencia la falta de criterios claros.
“Hay que tener una visión equilibrada. No todo lo que se encuentra bajo tierra debe rescatarse”, comentó Bernardo Echeverría, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la CChC. En la misma línea, recalcó que las decisiones del CMN están generando impactos considerables en el sector de la construcción.
Desde la SOFOFA, el secretario general Rodrigo Yáñez advirtió que el nuevo marco normativo propuesto mantiene espacios de discrecionalidad e indefinición legal, lo que podría seguir alimentando la incertidumbre para futuros proyectos. Además, citó cifras del informe 2024 de la Contraloría, que evidencia demoras reiteradas en la resolución de solicitudes por parte del Consejo de Monumentos.
Protección patrimonial desproporcionada
Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, propuso revisar la composición del futuro Consejo de los Patrimonios Culturales, sugiriendo regresar a la estructura planteada en el proyecto original de 2019, que contemplaba un total de 17 integrantes en lugar de los 32 que se discuten actualmente. También abogó por una representación equilibrada entre el mundo público, privado y la sociedad civil.
El ejecutivo sostuvo que la normativa, tal como está planteada, establece una protección patrimonial desproporcionada, relegando otras prioridades legítimas como el desarrollo económico, social y de infraestructura. Desde la CChC, además, se solicitaron modificaciones que incluyan plazos definidos para pronunciamientos institucionales, un listado nacional y regional de entidades receptoras de hallazgos, y la eliminación de procedimientos que actualmente no tienen una finalidad clara.
Otro aspecto debatido fue la definición temporal del patrimonio arqueológico. El proyecto incorpora, por primera vez, un rango epocal que considera como patrimonio los objetos y sitios que datan desde la Época Prehispánica hasta la Colonia. Sin embargo, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, advirtió que también pueden existir elementos posteriores -como del Período Republicano- que ameriten ser preservados, razón por la cual se requieren criterios más específicos.
Finalmente, Urenda cuestionó la falta de una delimitación legal precisa, y sugirió establecer umbrales mínimos de singularidad, antigüedad y valor crítico para clasificar los hallazgos como patrimoniales.
