Una nueva querella fue ingresada a la causa de Farmacias Populares que se tramita en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago. Esta vez, el querellante es el Servicio de Impuestos Internos (SII) que acusa a José Muñoz Becerra –ex mano derecha de Daniel Jadue Jadue en la cuestionada Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp)– de evadir impuestos por ingresos relacionados a la misma Achifarp.
Los antecedentes surgieron desde la revisión de la carpeta investigativa que la Fiscalía Santiago Poniente hizo llegar al organismo dirigido por Javier Etcheberry Celhay, los cuales sumados a otra información con la que contaba el SII, levantó las alarmas sobre posibles delitos tributarios que podría haber cometido Muñoz en 2021, 2022 y 2023.
No olvidar que Muñoz fue formalizado –junto a Daniel Jadue y otras seis personas–, por los delitos de fraude al fisco, cohecho, administración desleal, estafa, un delito concursal y lavado de activos, que lo dejó con prisión preventiva en el anexo Capitán Yaber el pasado junio.
En el documento ingresado el pasado 24 de marzo, se solicita que se investiguen los delitos tributarios descritos para eventualmente reformalizar a Muñoz y a cualquier otra persona que se encuentre responsable de participar en estos.
Específicamente, se acusa a Muñoz de declarar sus impuestos de forma maliciosamente incompleta en los años tributarios 2022 y 2023, y no incluir el F22 en su declaración del 2021 a pesar de haber recibido ingresos por casi $90 millones, utilizando también cuentas de su pareja para esconder los dineros recibidos por parte de Achifarp, una empresa vinculada a otro de los imputados y personas desconocidas.
Según los querellantes, las acciones de Muñoz habrían ocasionado un perjuicio fiscal total por concepto de Impuesto Global Complementario ascendentes a $23.431.711 a valor histórico, y que actualizado a diciembre de 2024, correspondería a $29.760.081.
Las acusaciones del SII
De acuerdo a la querella, mientras Muñoz se desempeñaba como Secretario Ejecutivo de Achifarp, la dirigía administrativamente, ordenando la emisión de documentación tributaria y los pagos y transferencias que se debían realizar, “aprovechándose de dicha posición para sustraer dineros”.
El primer hecho que se describe en el documento, corresponde a que los formularios n°22 que fueron declarados por Muñoz en sus declaraciones de renta para los períodos tributarios de 2022 y 2023, fueron presentados de forma maliciosamente falsa, al no haber incluído la totalidad de los ingresos percibidos ese año.
Específicamente, se relata que, mientras fue Secretario Ejecutivo de Achifarp, Muñoz habría “percibió ingresos sin justificación a través de transferencias electrónicas de la cuenta corriente del Banco Estado perteneciente a Achifarp hacia su cuenta personal y la de su pareja, que era manejada por el imputado”.
Según los informado por el SII, en 2021, desde Achifarp, Muñoz recibió $8.096.412, en 2022 $30.175.765 y en 2023 $8.954.150. Además, en 2021, su pareja, también habría recibido $67.666.317 transferidas desde Achifarp a su cuenta corriente. En total $114.892.644 que no fueron declarados.
Estas no fueron las únicas transferencias no informadas en sus declaraciones de impuestos.
De acuerdo a las querellas, entre junio y diciembre de 2021, el Muñoz también recibió $22.928.816 provenientes de la empresa MZ Asociados SPA, cuyo dueño es Patricio Zavala Espinosa, otro de los formalizados por el caso Farmacias Populares y socio de Muñoz en la sociedad Induscorp SpA, que era intermediaria entre Best Quality y la Achifarp.
Finalmente, en el escrito, el SII también informó sobre abonos de depósito en efectivo recibidos por Muñoz y su pareja durante 2020, 2021 y 2022, que sumaban un total de $19.753.000, con origen desconocido. En el mismo documento, se solicitó al Ministerio Público despachar instrucción a la BRIDEC de la Policía de Investigaciones para que identifique y ubique a quienes hicieron aquellos abonos para tomarles declaración.
En un segundo hecho descrito, también se acusó a Muñoz de no haber presentado su F22 del 2021, a pesar de que sus ingresos ese año habrían sido de $89.432.729. De este monto, $67.666.317 habrían sido transferidos desde Achifarp a la pareja de Muñoz, al igual que $11.400.000 de Best Quality Products –querellantes en el caso Farmacias Populares– y un depósito en efectivo por $2.270.000 de origen desconocido. Además, Achifarp habría transferido $8.096.412 directamente a Muñoz.
“Los dineros obtenidos por Muñoz no cuentan con respaldo documentario ni forman parte de sus declaraciones, como declarante en los años tributarios 2022 y 2023, y no declarante el año 2021”, indica la querella.
De acuerdo al SII, en otras declaraciones presentadas durante la investigación de la causa, Muñoz habría admitido haber omitido montos en sus declaraciones de impuestos. “El mismo contribuyente en declaración prestada ante la Fiscalía, confirmó que los abonos recibidos en su cuenta bancaria del Banco Falabella no fueron incluidos en sus respectivas declaraciones anuales de renta”, se lee.
Con estos nuevos antecedentes, Muñoz podría ser reformalizado una tercera vez, esta vez por delitos contenidos en el Código Tributario. De la investigación de los hechos presentados en esta querella –la cual ya fue agrupada a la causa de Farmacias Populares que se tramita en el 3º Juzgado de Garantía de Santiago– podrían desprenderse nuevos imputados.
Fuente: BioBioChile
