En estado de alerta está el personal del Poder Judicial a raíz del millonario recorte al presupuesto para los tribunales, lo que advierten, aumentará la recarga laboral y el retraso en la tramitación de las causas. Desde el Congreso, en tanto, la diputada de la Comisión de Justicia, Pamela Jiles, llamó al gobierno a reconsiderar lo que calificó como otra “metida de pata”.
Siguen la repercusiones sobre la disminución de los presupuestos al Ministerio Público y al Poder Judicial, en 7 mil y 14 mil millones de pesos respectivamente.
En Coronel, región del Bío Bío, el ministro de Justicia Jaime Gajardo señaló que están abordando la preocupación planteada por ambos organismos, pero sin asegurar que el recorte pueda ser revertido.
Justamente eso es lo que piden la Asociación de Jueces y la Asociación de Empleados del Poder Judicial.
El presidente nacional de este último gremio, Nicolás Santibáñez, advirtió que se trata de una grave situación y por lo delicada es que decidieron declararse en estado de alerta, sin descartar que se pueda escalar a otros niveles de movilización si no se revierte el recorte.
Desde el Parlamento, la diputada Pamela Jiles, miembro de la Comisión de Justicia, compartió el llamado a reconsiderar la medida, subrayando que rebajar el presupuesto a entidades involucradas con la seguridad atenta contra lo que es justamente la preocupación de la mayoría de los chilenos.
Los fondos que no recibirá el Poder Judicial financian, entre otros, la contratación de guardias y el reemplazo de funcionarios ausentes, y de ahí la recarga que advierten los jueces y personal administrativo de los tribunales si es que el gobierno no retrocede.
Fuente: BioBioChile
