La iniciativa que busca reemplazar la Ley de Monumentos Nacionales incorpora nuevas categorías de protección sin criterios claros, lo que —según especialistas— podría frenar evaluaciones ambientales, aumentar la judicialización y afectar la viabilidad de proyectos.
El debate por el futuro del patrimonio cultural chileno entra en una etapa clave en el Senado. Con miras a su votación en septiembre, el Ejecutivo presentó en octubre de 2024 un paquete de indicaciones al proyecto que reemplazaría la actual Ley de Monumentos Nacionales. La propuesta amplía los mecanismos de resguardo y crea nuevas categorías de protección, pero genera inquietud en el mundo jurídico y productivo, que —según publicó La Tercera recientemente— advierte posibles impactos en la tramitación de proyectos y en la certeza regulatoria.
Aunque se valoraron avances en descentralización y agilización de trámites, expertos apuntaron a la falta de criterios claros y al riesgo de sobrerregulación. Conceptos como “paisaje cultural”, “zona patrimonial” o “sitio de significación cultural” —incluidos en la nueva propuesta— carecen de definiciones operativas. Iván Llancas, analista de Oferta de Cobre en Benchmark Mineral Intelligence, sostuvo que “la ambigüedad no solo genera incertidumbre, sino que abre espacio a interpretaciones que permiten a actores externos alegar valor cultural en ciertos terrenos”. Añadió que “esto puede paralizar obras hasta que se evalúe su pertinencia, elevando costos y comprometiendo la viabilidad de los proyectos”.
Óscar Acuña, exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), planteó que el proyecto “no corrige las fallas estructurales que hoy paralizan obras clave como hospitales, carreteras o redes sanitarias por hallazgos de escaso valor”. Explicó que “basta con encontrar una botella o una tapa de bebida para detener por meses una construcción estratégica”. Agregó que “la ley necesita criterios como proporcionalidad, representatividad y valor excepcional para aplicar normas con sentido” y enfatizó que “proteger el patrimonio no puede significar frenar el desarrollo”.
También cuestionó el diseño institucional, afirmando que “un consejo de 30 integrantes es ineficiente y poco operativo” y advirtió que “pasamos de $993 millones en 2010 a más de $10.500 millones hoy, pero con menos eficiencia. Esto se traduce en más recursos sin una estructura adecuada”.
Desde el ámbito jurídico, el abogado minero y exconsejero del CMN, Gastón Fernández, sostuvo que “el proyecto no articula adecuadamente con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” y que “se transfieren atribuciones a direcciones regionales que no cuentan con personal, presupuesto ni preparación técnica para evaluar impactos ambientales”. Recalcó que “es grave que la ley omita la creación de una unidad especializada con estructura mínima” Afirmó que “así como está, no cumplirá su objetivo y, más bien, creará mayor incertidumbre y no facilitará el desarrollo de nuevos proyectos de inversión”.
Uno de los puntos más conflictivos, añadió, es la inclusión del patrimonio cultural inmaterial y de los “sitios de significación cultural” como nuevas categorías protegidas.
Las críticas coincidieron en que, sin una definición precisa de conceptos y un rediseño institucional que fortaleciera capacidades técnicas, la nueva ley corría el riesgo de reproducir —e incluso agravar— los mismos problemas que buscaba resolver. Con su votación a semanas de distancia, el debate se centró en cómo proteger el patrimonio sin frenar el desarrollo.
