El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización y Reúso (Acades), advirtió que el proyecto de ley sobre desalinización actualmente en el Senado podría frenar inversiones clave para la seguridad hídrica del país.
En una reciente entrevista con Boletín Minero, el director ejecutivo de Asociación Chilena de Desalinización y Reúso (Acade), Rafael Palacios, valoró el avance proyectado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que estima que el 66% del agua utilizada por la minería hacia 2034 provendrá del mar, asegurando que “es perfectamente alcanzable con el agua que podrían suministrar los 31 proyectos de fuentes no convencionales que hoy están en desarrollo”.
Sin embargo, advirtió que su concreción depende de “la implementación de reformas estructurales a los sistemas de permisos, tanto ambientales como sectoriales”, así como de una regulación que entregue certeza jurídica a los inversionistas.
Crítica al proyecto de ley en discusión
Palacios fue enfático al señalar que el proyecto de ley de desalinización (Boletín 11.608-09) representa “una oportunidad perdida si no se corrigen sus principales deficiencias”. A su juicio, la propuesta actual “no reconoce la especificidad industrial por fuentes no convencionales, impone cargas que no existen en otras infraestructuras críticas, establece plazos incompatibles con los de las concesiones mineras y no resuelve la incertidumbre sobre las concesiones vigentes”.
Según explicó, “el resultado puede ser una legislación que frene la inversión y ponga en riesgo proyectos clave para la seguridad hídrica”. Además, criticó que el proyecto “crea un procedimiento administrativo complejo, con duplicidad de competencias en materia ambiental y varios espacios de discrecionalidad” que podrían ralentizar más aún iniciativas que hoy pueden tardar hasta 12 años en obtener sus autorizaciones.
Duración de concesiones: “No tiene sentido poner en riesgo el suministro de agua”
Uno de los puntos más problemáticos, según Palacios, es la duración de las concesiones: “Proyectos de esta envergadura requieren plazos que acompañen su vida útil o, al menos, mecanismos que aseguren la continuidad del suministro hídrico”. Criticó que “la imposibilidad de renovar la concesión en base a criterios objetivos prestablecidos desincentivará la inversión”.
Palacios advirtió que “limitar la continuidad de la operación desaladora no solo pone en riesgo la seguridad hídrica; también constituye un error de política pública”. Y agregó: “No tiene sentido que estemos pensando en poner en riesgo el suministro de agua, lo que obligaría a desarrollar proyectos paralelos con el costo adicional que esto significa”.
Impactos para la minería y el crecimiento del país
De aprobarse sin cambios sustantivos, el proyecto de ley afectaría no solo al desarrollo de iniciativas desaladoras, sino también a sectores estratégicos como el cobre, el litio y el hidrógeno verde. “Podríamos ver un freno en el avance de los más de 40 proyectos de fuentes no convencionales que están hoy en distintas fases de desarrollo”, señaló, y alertó que “la minería puede y quiere aportar a la seguridad hídrica del país, pero necesita reglas claras y habilitantes”.
Finalmente, subrayó que “una buena ley debe habilitar, no restringir”, y que para asegurar la adaptación al cambio climático y el crecimiento económico de Chile, “necesitamos planificar el desarrollo de la infraestructura hídrica como una extensión del Sistema Eléctrico Nacional”.
