Reforma de pensiones cumple un año en trámite e “inacción” preocupa al Congreso

El lunes 7 de noviembre de 2022 ingresó al Congreso el proyecto de reforma de pensiones del gobierno del Presidente Gabriel Boric, uno de los compromisos más relevantes de su programa. Aunque en los primeros tres meses pudo sortear la votación sobre la idea de legislar en la comisión de Trabajo de la Cámara, de ahí en más los acuerdos se fueron alejando. El Ministerio del Trabajo instaló dos mesas técnicas distintas, la segunda con mayor participación que la primera, pero después de un mes de reuniones no se lograron consensos suficientes para materializar indicaciones que viabilicen el avance del proyecto. Un año después del inicio de la discusión, el texto legal todavía no recibe ninguna modificación. La ministra Jeannette Jara manifestó disposición para acotar el proyecto, pero el anuncio no fue suficiente para resolver los grandes nudos que traban su avance: la distribución del 6% extra de cotización con cargo al empleador y la reorganización de la industria.

El pasado 11 de julio fue la última vez en que la reforma previsional se sometió a votación en la Cámara de Diputados, donde solo se avanzó en la aprobación de cuatro artículos. Tras dicho episodio, el Ejecutivo accedió a flexibilizar su postura y anunció modificaciones: Se planteó reducir el aporte destinado a un seguro social desde 6% a 4%, y optar por un administrador privado —en desmedro de un organismo público— a cargo de la gestión de soporte de las cuentas.

Aunque el plazo inicial para la nueva propuesta era en septiembre, el anuncio se fue diluyendo y la ministra Jara reconoció que optarían por una pausa: “La reforma previsional no se congela. Se reiniciará su discusión en el Congreso a la espera de que estén las condiciones dadas para que pueda avanzar. Creemos que ese momento puede llegar tras el plebiscito del actual proceso constituyente”, dijo el 10 de octubre a La Segunda.
Sentido de urgencia

Por ejemplo, el diputado socialista Juan Santana, que además preside la comisión de Trabajo, ha planteado que “no se puede llegar a un acuerdo con quienes no quieren, y la forma de avanzar en esa dirección es obligar a que quienes tienen que tomar postura en un debate tan importante como es el de las pensiones lo hagan”.

En la DC, el diputado Alberto Undurraga también duda, y considera que la reforma “hoy día está entrampada en parte por responsabilidad de la derecha, que no posibilita acuerdos, pero en parte por inacción del Gobierno, que no envía sus indicaciones al Parlamento para forzar la conversación y forzar el acuerdo”.

En la vereda de la oposición repiten una oferta que han hecho al Ejecutivo desde que inició la discusión: reducir el proyecto y centrarse en los puntos en que tienen consenso. El diputado UDI Guillermo Ramírez afirma que “la reforma a las pensiones no va a ser una realidad si el Gobierno sigue empecinado en hacer solidaridad con los ahorros de la clase media. Ese es el principal punto de conflicto. Para nosotros, la solidaridad se debe hacer con impuestos, porque la verdadera solidaridad es aquella en donde los que tienen más aportan más”.
La hipótesis de que insistir en una lógica de reparto pone en riesgo el proyecto también la comparte Frank Sauerbaum, diputado RN, quien advierte que “el Gobierno tiene que reaccionar pronto porque no puede estar esperando el resultado del plebiscito. Y si el resultado del plebiscito es favorable a la nueva Constitución, el proyecto se va a caer por completo”. Sauerbaum, que ha sido uno de los principales interlocutores de la ministra Jara en la oposición, considera que el Ejecutivo podría anotarse “un triunfo político” si opta por lo conversado hasta ahora: “Tenemos algo que ya nos une, el aumento de la cotización, el aumento de la PGU, bajar comisiones. Una serie de temas donde hay acuerdo transversal, pero el Gobierno ha tratado de poner más bien énfasis en lo que nos separa, que es básicamente un sistema de reparto”.
VOTACIÓN
El 11 de julio fue la última vez que se votó un artículo de la reforma previsional.