Los efectos económicos derivados de la pandemia vuelven a tensionar la relación entre una concesionaria de infraestructura y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta vez, la controversia tiene como protagonista a la sociedad encargada de la operación del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, controlada por Sacyr y Agunsa, que recurrió nuevamente al Panel Técnico de Concesiones para solicitar una revisión del contrato vigente.
Se trata de la tercera presentación que realiza la concesionaria ante esta instancia. En los episodios anteriores, los desacuerdos estuvieron vinculados a la disminución de ingresos generada por la crisis sanitaria y a compensaciones asociadas a retrasos que la empresa atribuye al propio ministerio, materias que aún continúan en análisis.
Ahora, el conflicto se concentra en los mayores costos que enfrentó la sociedad durante la etapa de ejecución de las obras, debido al aumento significativo en los precios de materiales, suministros y costos laborales.
En su presentación, la concesionaria sostuvo que estos incrementos fueron consecuencia de un escenario “imprevisible e imposible de anticipar” al momento de adjudicarse el contrato, derivado de los efectos provocados por el Covid-19. Según explicó, el impacto fue especialmente relevante porque ocurrió mientras se desarrollaba la construcción del proyecto, afectando directamente la estructura de costos comprometida.
De acuerdo con los antecedentes entregados al Panel Técnico, el perjuicio económico alcanzó las UF 98.715, monto equivalente a aproximadamente US$ 4,5 millones. Esta cifra representa cerca del 10% de la inversión reconocida dentro del contrato de concesión.
La sociedad también argumentó que las consecuencias fueron más profundas debido a las características particulares del proyecto, calificándolo como una concesión “inusualmente breve” en comparación con otros recintos aeroportuarios. El contrato contempla un plazo total de seis años, lo que habría limitado las posibilidades de recuperar las pérdidas generadas durante la construcción.
“Además del impacto provocado por la reducción casi total del sistema de ingresos asociado al pasajero embarcado durante la emergencia sanitaria, la sociedad debió enfrentar un aumento extraordinario de costos en insumos, materiales y mano de obra para cumplir sus obligaciones contractuales, afectando el equilibrio económico del contrato”, señaló la concesionaria en su presentación.
Ante este escenario, la empresa solicitó que se reconozcan los mayores costos asumidos o, alternativamente, que se ajusten las condiciones económicas del acuerdo. Sin embargo, aseguró que el MOP ha rechazado modificar el régimen contractual pese a la magnitud del aumento registrado en los costos de construcción.
Por ello, la sociedad pidió al Panel Técnico recomendar al Ministerio iniciar un proceso de diálogo “de buena fe” para revisar o flexibilizar el contrato, considerando las circunstancias extraordinarias ocurridas y buscando adaptar las condiciones originales de acuerdo con los riesgos y obligaciones asumidos por las partes.
