Visto como el primer paso para modernizar Gendarmería, este miércoles un grupo de cinco senadores, de distintos sectores políticos, presentaron un proyecto de reforma constitucional que “establece un régimen penitenciario especial para los sujetos en prisión preventiva y condenados por asociación ilícita y delitos violentos”.
Según comentaron los parlamentarios, esta iniciativa es una posibilidad habilitante, es decir, un primer paso para generar una gran reforma a Gendarmería.
Y es que este proyecto no llega en cualquier momento. Solo hace unos días el director subrogante de la institución, Víctor Provoste, reveló que en enero de 2024 existían cerca de 1.600 bandas criminales dentro de las cárceles. Advirtiendo, además, que al menos 600 de estas “estarían activas y cometiendo delitos”.
Además, dio a conocer otro problema: que la tasa de ocupación penitenciaria en el país alcanza un 129%, es decir, actualmente las cárceles del país se encuentran con una importante sobre población.
Uno de los impulsores del proyecto, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, afirmó que esta medida permitirá subir el estándar en las resoluciones de la institución.
El proyecto, al cual tuvo acceso La Radio, busca “fijar criterios para determinar diferenciadamente el tipo de establecimiento penitenciario, y las unidades dentro del servicio que velarán por la seguridad”.
Junto a lo anterior, también propone medidas adicionales, como el régimen de visitas y de encomiendas para aquellas personas que sean investigadas o condenadas por delitos violentos o relacionados a asociación ilícita.
El senador independiente, Karim Bianchi, sostuvo que la seguridad no solo depende desde una perspectiva netamente policial, ya que desde los centros penitenciarios se están dirigiendo -actualmente- bandas criminales.
Este problema es compartido desde Gendarmería. El presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, señaló que se requiere con urgencia una estructura que permita abordar los temas prioritarios como lo son el crimen organizado y la administración del personal.
De hecho, fuentes de La Radio comentan que en la institución hay múltiples deficiencias legales y administrativas.
Esto, en la práctica, es como si el Estado le estuviera “entregando literalmente una oficina a los jefes de bandas criminales, con luz y comunicación fluida, que les permite seguir trabajando desde dentro de los centros penitenciarios”.
Además, afirman que -si bien- valoran medidas del Ejecutivo como la inhibición de teléfonos en distintos recintos penitenciarios, lamentaron que esta es una señal de que se perdió la batalla sobre el ingreso y tráfico dentro de este tipo de artículos en las cárceles del país.
Fuente: bibiochile
