La Ley de Mercado de Valores (Ley 18.045), en su Art. 9 es clara al señalar que la empresa participante del mercado de acciones deberá “divulgar en forma veraz, suficiente y oportuna, toda información esencial respecto de sí mismo, de los valores ofrecidos y de la oferta. Se entiende por información esencial aquella que un hombre juicioso consideraría importante para sus decisiones sobre inversión”.
Conocidos los antecedentes que se saben hoy relacionados al Caso Australis, y según algunos expertos financieros, este artículo habría sido violado de manera repetida por la salmonera administrada por el empresario chileno Isidoro Quiroga entre los años 2005 y 2015 (cuando la empresa estuvo abierta en bolsa). Y todo a vista y paciencia de la Comisión por el Mercado Financiero (CMF) que, en todo ese tiempo, nunca investigó.
En una columna publicada en El Mostrador titulada “Caso Australis: ¿Dónde está la CMF?”, el ingeniero comercial, Iván Rojas, explica cómo Australis pasó años engañando al mercado de valores al publicar estados financieros y proyecciones de su negocio a sabiendas que en la empresa se vivía un esquema latente de sobreproducción, pasando por encima de los límites ambientales permitidos.
Recordemos que hoy Isidoro Quiroga, ex dueño de Australis, está formalizado por estafa y administración desleal luego de la venta que realizó de la salmonera a la firma china Joyvio por casi 920 millones de dólares en 2019. Hace sólo unos días, en un fallo arbitral, Quiroga fue condenado a devolver US$ 300 millones por concepto de indemnización, dado el sobreprecio que Joyvio tuvo que pagar por la sobreproducción ilegal que se vivía dentro de la compañía, tema que nunca se ha puesto en discusión y que hoy tiene a Australis enfrentada a millonarias multas de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
“Los estados financieros de Australis evidenciaron una situación financiera de la compañía que operaba fuera de la norma ambiental”, explica Rojas. “Se trata de una situación real, pero falsa para un inversionista (y acreedor), que tomó sus decisiones basándose en el desarrollo de equilibrio en el mediano y largo plazo de la compañía y que compró acciones (o prestó plata) cuando éstas se transaban en bolsa”, añade.
Rojas resume así la gravedad del asunto en su columna: “El potencial de cosecha de los 47 sitios de Australis era de 117.000 toneladas por año, mientras que la cosecha autorizada era de tan solo 72.000 toneladas por año. La pregunta que debería centrar la discusión es: ¿nadie se dio cuenta? Qué raro […] nadie vio nada, nadie dijo nada, nadie supo nada. Ni aduanas, ni el SII, ni la CMF, ni los auditores, ni analistas, ni las estadísticas de comercio exterior llamaron la atención… qué raro.”
En ese sentido, Rojas invita a la CMF a ser más rigurosa en sus fiscalizaciones. “Estamos frente a una sociedad anónima abierta en bolsa, que envió sus estados financieros ‘cumpliendo’ en apariencia con la normativa vigente y pasando el visto bueno de los auditores, pero que, en su origen, las cifras tienen un pequeño detallito: son fruto de una grave infracción a la normativa ambiental… ¿no es esto competencia de la CMF?”, se pregunta. Su llamado es a la CMF a que apriete el celo fiscalizador y levante sumarios ya que, en este caso, “efectivamente hubo daño al mercado de valores que va al corazón de la fe pública”, concluye.
