En su columna del domingo en El Mercurio (Cuerpo C), la exministra Isabel Plá convirtió el caso del Hospital del Salvador en el emblema de una gestión estatal que, según afirma, combina lentitud, burocracia excesiva y prejuicios ideológicos.
Adjudicado en 2014, el nuevo Hospital del Salvador es el único geriátrico del país y está diseñado para ofrecer más de 600 camas y atender a 500 mil usuarios de varias comunas de Santiago. Sin embargo, once años después, no hay fecha cierta para su apertura: el cronograma oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP) no prevé su entrada en funcionamiento antes de 2027.
Plá recuerda que el proyecto ha debido enfrentar una larga lista de obstáculos: exigencias fuera de contrato, reubicaciones forzadas, retrasos en permisos, rescates arqueológicos sin trazabilidad y una resistencia ideológica al modelo de concesiones. La concesionaria a cargo ha denunciado que las objeciones del MOP son arbitrarias, mientras que el Ejecutivo guarda silencio.
Para la exministra, este no es un caso aislado, sino parte de una tendencia preocupante: entre 2020 y 2025 se adjudicaron unos 25 proyectos de infraestructura por más de US$10 mil millones, y la mayoría sigue paralizada. “No es que no haya proyectos ni financiamiento; las cosas no avanzan”, advirtió.
La misma parálisis —sostiene— se observa en otras áreas. A más de un año y medio del incendio en Viña del Mar, se han entregado menos de 100 de las casi cinco mil viviendas destruidas, mientras miles de familias se han visto obligadas a reconstruir por su cuenta. La Junaeb entregó los útiles escolares de 2024 cuando ya finalizaba el primer semestre, y la Dirección de Presupuestos acumuló errores en sus proyecciones mientras enfrentaba críticas del Consejo Fiscal Autónomo.
El Hospital del Salvador, concluye Plá, es mucho más que una obra inconclusa: es la prueba de que, sin decisión política y sin capacidad de ejecución, los derechos sociales quedan atrapados entre planos, permisos y excusas.
